Búsqueda de bienes muebles e inmuebles

La presente nota informativa pretende ser una aproximación a la prestación de los servicios de búsqueda de bienes muebles e inmuebles, que al amparo de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, tiene atribuida la figura del Detective Privado.

Según la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el proceso civil responde a la iniciativa de quien considera necesaria una tutela judicial efectiva (Art. 24 de la Constitución Española) en función de sus derechos e intereses legítimos. Según el principio procesal citado, no se entiende razonable que al órgano jurisdiccional le incumba investigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados como configuradores. Quien necesite tutela se le atribuyen las cargas de pedirla, determinarla con suficiente precisión, alegar y probar los hechos y aducir los fundamentos jurídicos correspondientes a las pretensiones de aquella tutela.

El principio de tutela se recoge explícitamente en el art. 216 de la citada Ley, que dispone: “Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la Ley disponga otra cosa en casos especiales”.

Hace referencia a la aportación al proceso de informes sobre hechos relevantes. Si estos no se reconocen como ciertos por todas las partes a quienes pudieran perjudicar, se interrogarán como testigos a los autores de los informes con las siguientes reglas:

• No procederá la tacha del testigo por razón de interés en el asunto, cuando el informe hubiese sido elaborado por encargo de una de las partes.
• El autor del informe, una vez acreditada su habilitación profesional, habrá de reconocerlo y ratificarse en su contenido, antes de que se le formulen las preguntas pertinentes.
• El interrogatorio se limitará a los hechos consignados en los informes.

Así pues, el detective privado podrá ser llamado a testificar sin que pueda ser tachado por su parcialidad.